Una amenaza mortal tras la captura de un cabecilla del PCC sacude la política boliviana. El presidente Rodrigo Paz Pereira reveló que, justo antes de su visita a Cobija, recibió una advertencia de muerte vinculada a la detención de Marco de Oliveira Ferreira, un alto miembro del Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño que operaba en Santa Cruz.
"Ayer en Pando este presidente tenía amenaza de muerte porque hace tres días atrás habíamos agarrado a un miembro importante del PCC que se campeaba en nuestra ciudad de Santa Cruz, en nuestro departamento, como uno más".
El anuncio se realizó durante la conmemoración de los 103 años de la Aviación Militar Boliviana, un escenario que el mandatario utilizó para subrayar la escalada del crimen organizado y la respuesta del Estado.
Según el informe oficial, la Policía Boliviana detuvo a Ferreira en Santa Cruz bajo condición de estancia irregular. La captura, descrita como "alto miembro" del cartel, habría desencadenado la amenaza contra el presidente, lo que plantea la primera evidencia pública de una represalia directa contra la autoridad nacional por parte de una organización criminal transnacional.
En el mismo discurso, Paz también señaló la detención de Sebastián Marset, un narcotraficante que, según él, disfrutó de una "casi vida normal" en la ciudad sin la intervención del Ministerio Público ni del sistema judicial, y que habría contado con la protección de la institucionalidad.
Los datos presentados por el gobierno indican un incremento sin precedentes en la incautación de aeronaves vinculadas al narcotráfico: de un promedio de 9-10 aviones al año, la cifra se disparó a entre 50 y 60 en menos de doce meses. Además, más de 29 integrantes de organizaciones criminales internacionales fueron deportados a sus países de origen, una medida que el presidente calificó de "reconstrucción del orden" tras dos décadas de tolerancia a la delincuencia.
El presidente también denunció el asalto a una joyería en Santa Cruz, describiéndolo como un hecho "delincuencial, criminal y de orden internacional", y reiteró la necesidad de una coordinación integral entre los distintos niveles del Estado para enfrentar a las redes delictivas.
Con la mirada puesta en la región, Paz anunció que mantendrá reuniones con los presidentes de los países vecinos para fortalecer la cooperación fronteriza y contrarrestar las actividades transnacionales que amenazan la seguridad nacional.
El mensaje final del mandatario quedó claro: la normalización de la delincuencia es una herida abierta que sólo se curará con una respuesta firme, coordinada y sin concesiones. La amenaza de muerte no solo expone el poderío del PCC, sino que también pone a prueba la determinación del Estado boliviano para reescribir las reglas del juego en la lucha contra el crimen organizado.
