Una sombra de mercurio se extiende sobre la Amazonía boliviana, y el Gobierno acaba de afilar sus herramientas de control.
El viceministro de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Forestal y Biodiversidad, Jorge Ávila, anunció este miércoles una serie de operativos que buscan frenar la minería no autorizada y la contaminación por mercurio, un problema que arrastra décadas de abandono y que, según él, "no se puede resolver en menos de un año, pero se va a atender y se va a resolver".
Durante la entrega de equipamiento al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Ávila describió intervenciones en tres frentes críticos: el refugio de animales Senda Verde y Yalaca, en Coroico (La Paz); la zona de Conquista, en Puerto Rico (Pando); y la comunidad indígena Esse Ejja, en San Buenaventura (Eyiyoquibo). En Conquista, los operativos identificaron alrededor de 30 hectáreas intervenidas, recolectaron muestras de agua y sedimentos para análisis técnico, y confiscaron maquinaria y embarcaciones, mientras tres sospechosos fueron trasladados para continuar la investigación.
La estrategia, según Ávila, depende de una coordinación interministerial que incluye a Minería y Metalurgia, Salud y Deportes, la fuerza pública y su propia cartera. El objetivo es reforzar los controles y, a largo plazo, reducir la importación y el uso del mercurio, alineándose con el Convenio de Minamata al que Bolivia es signataria.
"Lo que tenemos que hacer es tener la información cabal de cuánto mercurio entra al país", afirmó el viceministro.
En la comunidad Esse Ejja, la intervención se amplió más allá del medio ambiente: se ofrecieron servicios de salud, vacunación, visitas domiciliarias y se registraron familias para mapear necesidades y planificar seguimientos. Ávila subrayó que la respuesta no puede limitarse a la captura de equipos; debe incluir a las poblaciones vulnerables que viven bajo la amenaza de la contaminación.
El plan de acción contempla la permanencia de la coordinación entre los ministerios de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Minería y Metalurgia; Salud y Deportes; la Presidencia; y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, entre otras instancias.
Con la presión de la sociedad civil y la evidencia de daños ambientales, el Gobierno parece haber aceptado que la lucha contra la minería ilegal y el mercurio no es una campaña de corto plazo, sino una batalla estructural que definirá el futuro de los ecosistemas bolivianos y la salud de sus habitantes.
