Sociedad

Bolivia rebaja a 40 la nota mínima del examen de ascenso docente tras polémica por inconsistencias en el banco de preguntas

Ministerio de Educación de Bolivia rebajó la nota mínima del Examen de Ascenso de Magisterio de 51 a 40 puntos, citando inconsistencias técnicas en el banco de preguntas, generando desconfianza y dudas sobre la transparencia.

Bolivia rebaja a 40 la nota mínima del examen de ascenso docente tras polémica por inconsistencias en el banco de preguntas

Un examen que empezó como prueba de mérito terminó como un juego de números. El Ministerio de Educación de Bolivia, tras fijar una nota mínima de 51 sobre 100 para el Examen de Ascenso de Categoría del Magisterio, se vio obligado a rebajar el umbral a 40 puntos, alegando "inconsistencias técnicas" en el banco de preguntas.

El cambio, oficializado en la Resolución Ministerial N° 0330/2026, surgió tras la petición de informe de la diputada Cecilia Vargas, quien buscaba esclarecer el proceso del examen realizado el 18 de julio. Lo que encontró fue una serie de irregularidades que dejaron en el aire la cifra exacta de reprobados, aunque la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, representada por Anahí Bozo, confirmó que "un poco más del 50 % de los maestros aprobó".

El escenario plantea preguntas que van más allá de la simple nota: ¿qué tan robusto es el banco de preguntas que sostiene la evaluación de los docentes? ¿Quién controla la calidad de los instrumentos que determinan carreras y salarios? La respuesta oficial del Ministerio, contenida en la PIE (Petición de Informe Escrito) aceptada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se limita a describir la rebaja como una medida "excepcional".

"El puntaje de aprobación, inicialmente establecido en 51/100 por la Resolución Ministerial N° 0223/2026, fue modificado excepcionalmente a 40/100 mediante la Resolución Ministerial N° 0330/2026, debido a inconsistencias técnicas identificadas en el banco de preguntas", señala la respuesta del Ministerio.

Mientras tanto, la falta de datos precisos sobre cuántos quedaron fuera del umbral original alimenta la desconfianza. La comunidad docente, que esperaba una evaluación justa, ahora se enfrenta a la sospecha de que la "favorecida" rebaja pudo haber sido una solución improvisada para evitar un escándalo mayor.

El eco de este episodio no se limitará al aula; resonará en la política educativa y en la percepción pública sobre la capacidad del Estado para gestionar procesos críticos con transparencia.