Un silencio que se vuelve rumor en la Asamblea Legislativa: la exdiputada Lucía Campero asegura que la designación de Roger Mariaca como Fiscal General del Estado se construyó sobre promesas rotas y supuestos pagos a legisladores.
Según la columna publicada este martes, Campero retiró una acción de inconstitucionalidad -presentada el 9 de octubre de 2024 en Sucre contra la ley de convocatoria- tras recibir la garantía de dirigentes de Comunidad Ciudadana (CC) de que Mariaca no alcanzaría los dos tercios requeridos. La promesa, transmitida por el entonces diputado Carlos Alarcón, habría sido la razón para abandonar el recurso que, de haberse mantenido, "podría haber anulado la elección".
"Carlos Alarcón me dio su palabra. Mariaca no tiene los dos tercios".
Campero relata que, después de la retirada, la votación del 21 de octubre de 2024 concluyó con 115 votos a favor de Mariaca y 33 para Milton Montellano, superando los 107 votos necesarios para los dos tercios de los 161 legisladores presentes. El resultado, según ella, dista de la "realidad" de los apoyos dentro de las bancadas.
En su versión, durante la segunda ronda dos operadores políticos vinculados a la oposición habrían coordinado un "cambio de voto" mediante bolígrafos de tinta borrable. Primero, los diputados marcarían a Montellano, fotografiarían la papeleta como evidencia y, tras el registro, la modificarían a favor de Mariaca. El supuesto pago se produciría después de este truco, según el relato de la exdiputada.
La denuncia carece, sin embargo, de nombres concretos, pruebas documentales o registros de pagos. Campero no identifica a los "operadores" ni aporta fotografías de las papeletas, lo que deja la acusación en el terreno de la sospecha.
El contexto político también pesa: la Asamblea estaba fragmentada y la primera ronda no había logrado la mayoría calificada, obligando a una segunda instancia que, según Campero, se "sobrepasó" mediante acuerdos internos. Voces de la oposición y de la sociedad civil habían señalado ya entonces la falta de claridad en el respaldo parlamentario, aunque sin pruebas de compra de votos.
Lo que sí queda claro es que la decisión de retirar el recurso constitucional estuvo supeditada a la confianza depositada en Alarcón, quien, según Campero, más tarde habría exigido la renuncia de Mariaca. La exdiputada concluye pidiendo que "Bolivia conozca los nombres" de quienes, en su relato, facilitaron la elección.
El eco de la denuncia plantea un reto para la institucionalidad: sin pruebas palpables, la sospecha permanece en el aire, pero la presión para esclarecer los procesos de selección del Fiscal General se vuelve cada vez más imperativa. En una democracia donde la transparencia es la única moneda de cambio, la historia de Campero invita a preguntar qué tanto del poder se negocia tras puertas cerradas y qué tanto de la confianza ciudadana se pierde en el proceso.
