"Si Evo tiene que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio, excelente" resonó como un eco de desafío en la madrugada del 13 de octubre, marcando el inicio de una nueva fase judicial contra el exmandatario boliviano.
La bancada de la alianza Libre, liderada por el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, presentó una proposición acusatoria que apunta a Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García por el operativo del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz. El episodio, que cobró la vida de tres de los cinco extranjeros vinculados a una supuesta célula terrorista, vuelve a la palestra nacional tras la admisión inmediata de la Fiscalía General del Estado y su remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El caso, conocido como "Terrorismo", se sustenta en el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual concluyó que durante el operativo se produjeron ejecuciones extrajudiciales. Entre los fallecidos se encontraban el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, identificado como líder de la supuesta célula, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los sobrevivientes, Elöd Tóásó y Mario Tadic, cumplieron condenas en la cárcel de San Pedro antes de ser liberados.
"Yo estoy pensando -espero no equivocarme- no quiero defenderme, no quiero contratar ni un abogado. Separatismo, qué autonomía, independencia... ahí están todos los comentarios. Contrataron extranjeros para dividir Bolivia y eso hemos defendido. Es la misión de todos".
El propio Morales, desde su reducto en el Chapare, donde se refugia desde 2024 para evadir órdenes de aprehensión por denuncias de trata de personas y un bloqueo de 53 días, reiteró su postura en el programa de Radio Kawsachun Coca. En un video histórico junto a Hugo Chávez y Raúl Castro, el líder boliviano había declarado haber dado instrucciones precisas al vicepresidente Álvaro García para "detener a esos mercenarios".
Si la Asamblea Legislativa Plurinacional encuentra sustento legal, la decisión de iniciar el juicio de responsabilidades requerirá el voto de dos tercios de sus miembros, proceso que se desarrollaría ante el TSJ. Mientras tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mantiene el caso bajo su jurisdicción, tras el incumplimiento boliviano de las recomendaciones de la CIDH sobre reparación de daños.
El debate no solo gira en torno a la legalidad del operativo, sino también a la narrativa de soberanía que Morales ha convertido en su estandarte. En una coyuntura donde el pasado se revisita con la lupa de la justicia internacional, la cuestión que persiste es si la defensa de la unidad territorial puede convertirse en la propia sentencia de un líder que, para sus seguidores, sigue siendo el guardián de la independencia boliviana.
En última instancia, la historia juzgará si la "defensa de la unidad" fue un acto de legitimidad estatal o el pretexto de una política que, al fin y al cabo, se alimenta de la misma violencia que ahora intenta condenar.
