El Ministerio Público de Bolivia confirmó este lunes que el abogado Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno durante la administración de Luis Arce, forma parte de una investigación por tráfico de drogas y organización criminal. La acusación ha generado la activación de la alerta roja de Interpol y la emisión de una orden de aprehensión en territorio nacional.
La investigación, liderada por la Comisión del Ministerio Público que persigue al exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, se amplía ahora a cuatro individuos adicionales, entre los que se incluye Del Castillo. Los fiscales Edwin Sarmiento y otro miembro del equipo subrayaron que el proceso sigue exhaustivo y que no se descarta la incorporación de nuevos sujetos.
“En este caso de tráfico de drogas y de organización criminal también está incluido Eduardo Del Castillo”, declaró el fiscal Edwin Sarmiento durante la conferencia de prensa.
Según fuentes oficiales, la investigación ha llevado a la realización de once allanamientos en las ciudades de Sucre y La Paz, con el objetivo de incautar documentos y datos que puedan esclarecer la supuesta red criminal que operaba dentro del propio Ministerio Público.
Paralelamente, el caso contra Mariaca avanza por legitimación de ganancias ilícitas, tras la detención de una ambulancia que transportaba más de 3,5 millones de bolivianos desde la residencia del exfiscal en Santa Cruz a otro destino.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Del Castillo habría recibido alrededor de 500 mil dólares mensuales como parte de un esquema de sobornos articulado desde la gestión anterior. Según el funcionario, el esquema involucraba a tres personas: Mariaca, el exfiscal; Del Castillo, receptor de los fondos; y el mayor Aparicio, encargado de la logística del dinero.
Las autoridades describen la estructura como una organización criminal de alto impacto que habría penetrado en las instituciones del Estado, comprometiendo la integridad de los procesos judiciales y administrativos.
El Ministerio Público reiteró que la investigación permanece en reserva y que las diligencias continuarán para determinar la extensión real de la red y los responsables finales.
