Una noche de tensión en Santa Cruz de la Sierra desencadenó una respuesta militar sin precedentes, poniendo de manifiesto la determinación del gobierno regional de enfrentar el crimen organizado con firmeza. El atraco violento a una joyería dentro del tercer anillo de la avenida Busch provocó la movilización inmediata de tanquetas y brigadas de patrullaje, bajo la coordinación del gobernador Juan Pablo Velasco y la Octava División del Ejército.
El gobernador, en sus redes sociales, agradeció al comandante Rider Calzadilla por la rápida ejecución de la solicitud:
“Quiero agradecer al general Rider Calzadilla por atender de manera inmediata nuestra solicitud y disponer el despliegue de efectivos militares para reforzar los patrullajes en nuestra ciudad.”
Con tanquetas recorriendo las principales avenidas, la acción buscó restablecer la seguridad de los cruceños, una prioridad que Velasco describió como “absoluta”. El gobernador subrayó la necesidad de emplear todos los recursos operativos, logísticos, tecnológicos y de inteligencia de las fuerzas del orden para detener la escalada delictiva.
En entrevista con la prensa, Velasco reiteró la gravedad de la situación:
“No podemos permitir que el crimen organizado imponga el miedo ni que la delincuencia condicione la libertad de los ciudadanos. La seguridad de los cruceños es una prioridad absoluta y exige acciones inmediatas, coordinación institucional y resultados concretos.”
El mandatario también advirtió que “el crimen organizado se está adueñando de la paz de los cruceños” y exigió un aumento de efectivos policiales para el departamento de Santa Cruz.
Según testimonios de testigos, al menos cuatro individuos encapuchados y armados, presumiblemente de nacionalidad brasileña por su acento, irrumpieron en la joyería alrededor de las 19:00 del domingo. La cantidad exacta de joyas sustraídas aún no se ha determinado mientras la Policía Boliviana continúa la investigación.
El despliegue militar, realizado en estrecha coordinación con la Policía Boliviana, representa una medida excepcional destinada a garantizar la tranquilidad de la población y a demostrar que el Estado está dispuesto a responder con contundencia ante cualquier amenaza a la seguridad ciudadana.
