"El Gobierno no protege a nadie" resonó como un eco de firmeza en la oficina del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien este martes dejó clara su posición frente al escándalo que envuelve al exasesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.
El funcionario, sin rodeos, afirmó que la responsabilidad recae exclusivamente en la Fiscalía y el Poder Judicial, y que el Ejecutivo no intervendrá ni siquiera si la investigación concluye con culpabilidad. "Es caiga quien caiga", señaló Zamora, subrayando la independencia institucional que, según él, debe garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
"Esto es una decisión netamente de la Fiscalía y del Poder Judicial y el Gobierno no protege a nadie."
El caso se intensificó tras la difusión de un audio en redes sociales donde Cerimedo, aparentemente conversando con el diputado de Unidad Nacional Alejandro Reyes, describe una conversación con Rodrigo Paz sobre el estado de excepción. En el fragmento, el exasesor declara que, si el Gobierno debía caer, preferiría que fuera "por las malas", aceptando el riesgo de muertes para evitar una caída "por los inútiles".
El ministro Zamora, además de reiterar la independencia de la justicia, exigió que se verifique la autenticidad del audio, advirtiendo que la credibilidad de la investigación depende de la certeza de esas pruebas. "Hay una independencia de poderes donde la Fiscalía y la Justicia tienen que ir e investigar, demostrar si los audios son verídicos o no y así la población está tranquila", explicó.
Las acusaciones contra Cerimedo son múltiples y graves: un intento de feminicidio en grado de tentativa tras el ataque a su expareja Nadia Beller, sospechas de ganancias ilícitas y presuntos vínculos con el narcotráfico. Estas denuncias, que ya pesan en los tribunales bolivianos, se suman a la polémica generada por los bloqueos que paralizaron al país entre mayo y junio del año pasado.
En un contexto donde la narrativa oficial se enfrenta a un torrente de rumores y pruebas audiovisuales, la postura de Zamora busca reforzar la imagen de un Estado que no favorece a sus aliados políticos, sino que se somete a la regla de la ley. La expectativa ahora recae en la Fiscalía y los jueces, cuya decisión será el verdadero termómetro de la independencia que el ministro proclama.
El futuro de Cerimedo está en manos de la justicia, pero el mensaje del Ejecutivo es inequívoco: la protección no es un privilegio, es un principio que se aplica a todos por igual.
