Una joyería asaltada, un defensor del pueblo bajo fuego: la inseguridad en Santa Cruz alcanza un punto de inflexión.
El martes 13 de octubre, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, tomó el micrófono para denunciar que la creciente sensación de inseguridad no puede seguir siendo solo una estadística. Tras el violento robo en una joyería del centro comercial más concurrido de la capital, la mandataria subrayó que "se necesitan decisiones coordinadas entre diferentes instituciones" para detener la ola delictiva que azota al departamento.
En su intervención, Aguirre recordó que Santa Cruz ya dispone de una ley antibloqueo, una herramienta legal que, según ella, será aplicada con rigor. Sin embargo, la autoridad enfatizó que la normativa por sí sola resulta insuficiente si no se respalda con recursos concretos.
"Desde la Gobernación cruceña hemos demandado la implementación de la guardia departamental. Por eso exigimos la coparticipación tributaria y el fortalecimiento de nuestra capacidad competencial para poner en marcha este importante proyecto que reforzará la seguridad ciudadana."
El llamado a la creación de una guardia departamental no es meramente simbólico; representa una apuesta por la descentralización de la seguridad, un tema que ha ganado fuerza en los últimos meses mientras los índices de robos y asaltos registran un aumento del 12 % en el último trimestre, según datos de la Policía Nacional.
Además, Aguirre abordó la reciente ola de amenazas contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, supuestamente provenientes de organizaciones criminales. La vicegobernadora manifestó su respaldo al mandatario y recordó que "cuando los gobernantes toman decisiones difíciles deben ser conscientes de lo que significa esta exposición, pero todo sea por un pueblo que clama y que demanda mayor seguridad ciudadana."
La crítica más acerba de Aguirre se dirigió al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. El funcionario había manifestado su cercanía a grupos sociales que amenazaban con marchar hacia la sede de Gobierno, una postura que la vicegobernadora calificó de "defender a grupos desestabilizadores con afanes políticos". En sus palabras, esos grupos "pretenden bloquear al país como ya lo hicieron en mayo".
El debate que se abre en Santa Cruz tras el asalto a la joyería no se limita a la reacción inmediata; plantea una cuestión estructural sobre la capacidad del Estado para articular una respuesta integral. La propuesta de una guardia departamental, la exigencia de mayor coparticipación tributaria y la firmeza en la aplicación de la ley antibloqueo forman un conjunto de medidas que, de concretarse, podrían redefinir el modelo de seguridad regional.
El futuro de la seguridad en Santa Cruz dependerá de si la coordinación anunciada se traduce en acción concreta o si la presión popular seguirá alimentando una espiral de desconfianza y violencia.
