En Santa Cruz el dinero no duerme, pero últimamente desconfía. En las calles comerciales y en los despachos corporativos se respira una urgencia idéntica: la falta de divisas asfixia y el reloj corre en contra. Por eso ha ocurrido algo poco habitual en la anatomía económica boliviana. Los grandes industriales, los importadores y los comerciantes gremiales —actores que suelen mirar la realidad desde trincheras distintas— han cerrado filas detrás de una misma trinchera: un proyecto de Ley de Inversiones diseñado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) que busca, antes de que termine el año, darle oxígeno a un país estancado.
El diagnóstico en la calle no admite eufemismos. César González, dirigente gremial, pone en palabras lo que el bolsillo ya sabe de memoria: el país atraviesa una crisis económica severa y necesita con urgencia tanto capital extranjero como músculo privado interno. La lógica en los mercados populares ha dejado de ser ideológica para volverse estrictamente pragmática. Si al tejido empresarial le va bien, la rueda gira; si se detiene, el golpe lo sienten todos.
"Es una alternativa, mientras se reglamente y no solamente contemple a los grandes empresarios, sino también a los medianos y a los pequeños", advierte Nicole Tasca, portavoz de los importadores del bloque multisectorial, marcando la línea roja de un apoyo que no es un cheque en blanco, sino una apuesta por la supervivencia comercial.
Detrás de este consenso inusual está la urgencia de seducir a un capital que hoy mira a Bolivia de reojo. Luis Fernando Strauss, gerente de Asuntos Corporativos de Cainco, lleva meses recorriendo los pasillos del poder con un borrador legislativo bajo el brazo. El documento no es nuevo, pero la insistencia sí: el sector empresarial se ha fijado diciembre como fecha límite para que el Legislativo le dé luz verde. El corazón de la propuesta cabe en dos palabras que en la política boliviana suelen sonar a utopía: estabilidad normativa.
Lo que Cainco plantea es un candado jurídico elemental. Que quien decida enterrar su dinero en suelo boliviano tenga la garantía de que el Estado no le cambiará las reglas a mitad del partido. Ni subidas sorpresivas de impuestos ni virajes bruscos en el régimen laboral mientras dure el retorno de esa inversión. Certidumbre, confianza, divisas y empleo; cuatro eslabones de una cadena que hoy está rota.
Sin embargo, el camino entre la urgencia de Santa Cruz y los escritorios de La Paz está minado de burocracia y cálculo político. Strauss ya se ha sentado con las distintas bancadas parlamentarias, con el presidente del Senado y con los titulares de Economía y Planificación. Todos escuchan, pero nadie firma. La incapacidad de la clase política para tejer consensos mantiene el proyecto en un limbo legislativo mientras la economía real sigue esperando respuestas.
En los galpones de los importadores y en los puestos de los gremiales la impaciencia crece. La propuesta ya está sobre la mesa del Parlamento, respaldada por una alianza multisectorial que rara vez habla el mismo idioma. Queda por ver si los despachos de la capital entenderán a tiempo que el capital no tiene patria, pero sí tiene miedo, y nunca espera a los políticos que no saben ponerse de acuerdo.
