Una marcha que se había anunciado como el nuevo frente de resistencia contra el ajuste económico de La Paz ha sido reprogramada, y con ella, la tensión entre los sectores evistas y el Ejecutivo se intensifica.
Las organizaciones sociales alineadas con el expresidente Evo Morales pospusieron el arranque de su caminata, originalmente previsto para el martes, y la trasladaron al viernes 16 de octubre. El plan revisado contempla tres jornadas de marcha que culminarán el lunes 19 con la ocupación de la sede de Gobierno.
«Se prevé que sea este viernes 16 de octubre, para llegar el lunes 19 de la siguiente semana a la sede de Gobierno», declaró Aquilardo Caricari, dirigente intercultural, explicando que la postergación responde a la necesidad de coordinar la participación de los sectores que respaldan la protesta.
Caricari señaló que los grupos cocaleros se reunirán el martes para afinar sus consignas, mientras que los interlocutores interculturales de Santa Cruz buscan sumar a más agrupaciones antes del inicio de la marcha.
El reclamo central de los manifestantes es el retorno de la subvención a los carburantes y la oposición al reciente aumento del precio del diésel, fijado en Bs 17,95 por litro. La medida forma parte de un paquete de ajustes exigido por el Fondo Monetario Internacional dentro del crédito de US$ 1.900 millones que el Gobierno ha suscrito.
Ante la perspectiva de bloqueos en la red vial, el Ejecutivo ordenó el despliegue preventivo de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la fluidez del tráfico y evitar interrupciones que puedan escalar en violencia.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó cualquier retroceso en la política de precios del diésel, argumentando que la tarifa “tendrá actualizaciones periódicas en función de las cotizaciones internacionales del petróleo” y que forma parte de las políticas de reactivación económica del gobierno.
Con la marcha ahora reprogramada, las organizaciones afines a Morales esperan definir los detalles operativos en los próximos días, mientras el gobierno mantiene su firme postura sobre las reformas económicas que, según sus críticos, profundizan la carga sobre los sectores más vulnerables.
El conflicto se perfila como un duelo de narrativas: por un lado, la presión de un movimiento popular que ve amenazados sus recursos básicos; por otro, la defensa de un gobierno que se niega a ceder ante lo que califica de “presiones populistas” en medio de una agenda de ajuste estructural.
