Un operativo que desenterró más de diez millones de bolivianos y cientos de miles de dólares revela una supuesta red de protección al narcotráfico que enlaza a altos funcionarios del Ministerio Público.
En una serie de once allanamientos –siete en Santa Cruz de la Sierra y cuatro en La Paz– los fiscales Edwin Sarmiento y Daniel Portales desmantelaron una trama que, según la Fiscalía, podría estar vinculada al uruguayo Sebastián Marset y a varios servidores públicos bolivianos. El saldo: Bs 10 millones en efectivo, US$ 391 555 en dólares, vehículos de lujo, inmuebles y un arsenal de armas que ahora esperan pericia.
“Se trata de una investigación que abarca delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas. Nuestro objetivo es rastrear el origen de los recursos y desenmascarar a los verdaderos propietarios”, declaró el fiscal Edwin Sarmiento.
Los hallazgos más llamativos se concentran en dos domicilios. En la vivienda de Róger Mariaca se incautaron los montos citados y un contador de billetes, mientras que en la casa del exfiscal departamental Alberto Zeballos se hallaron Bs 269 000 y US$ 2 800. Además, en Santa Cruz se recuperó un arma de fuego en el mismo domicilio de Zeballos, y en Sucre, durante la requisa de un vehículo oficial, se descubrieron tres armas –dos calibre 9 mm con municiones y una calibre 22 sin ellas–.
La Fiscalía ha solicitado a los registros de tránsito y a las autoridades inmobiliarias la confirmación de la titularidad de los bienes, pues sospecha la utilización de “palos blancos” o testaferros para ocultar la verdadera procedencia del patrimonio. Entre los investigados figuran, además de Mariaca y Zeballos, Rubén Aparicio, Martín Irusta, un exministro del gobierno de Luis Arce (sujeto a orden de aprehensión), y cinco personas en el proceso por legitimación de ganancias, entre ellas Lucas O., Wilson F., Caloyelo S.F. y René H..
“Se activaron mecanismos de búsqueda y una alerta migratoria para los implicados”, añadió Portales, subrayando la magnitud de la operación.
Las imputaciones formales fueron apeladas, pero las salas penales ratificaron la detención preventiva de los acusados. La comisión de fiscales mantiene la puerta abierta a nuevas detenciones si emergen pruebas adicionales, mientras sigue recopilando documentación salarial y de cargos ocupados por Mariaca para cotejar ingresos y patrimonio.
El caso Roma, aún en fase investigativa, plantea una incógnita crucial para la seguridad y la confianza institucional: ¿hasta dónde llegan los nexos entre la política, la justicia y el crimen organizado? La respuesta, cuando llegue, podría redefinir los límites de la impunidad en Bolivia.
