Una llamada de urgencia que sacudió los pasillos del poder. Tras la tercera ronda de votaciones para el fiscal general interino, el presidente del Senado, Diego Ávila, marcó el número del presidente Rodrigo Paz. La conversación, que según Ávila se centró en "la dificultad de lograr consenso", abrió una nueva grieta en la ya tensa disputa dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El senador explicó que, al percibir la imposibilidad de que los candidatos propuestos alcanzaran los dos tercios requeridos, buscó "otras opciones" y recibió la sugerencia de Paz de considerar al actual fiscal y a "otras personas más". El relato se produce en medio de la polémica generada cuando Ávila, días antes, había señalado que Paz había impulsado el nombre de José Armando Urioste como posible designado.
"No importa quién lo haya postulado, el tema es que es una persona que logró concertar el consenso en la Asamblea para designarlo por dos tercios", afirmó el presidente del Senado.
La reacción no se hizo esperar. Lissa Claros, líder de la bancada de Libre, calificó de "irresponsables" las declaraciones de Ávila, acusándolas de empañar la transparencia del proceso de nombramiento del fiscal interno.
"Las declaraciones del presidente del Senado son muy irresponsables al afirmar que el nombre del actual fiscal ha sido avalado por el presidente Rodrigo Paz. Es irresponsable manchar el proceso de la Asamblea", sostuvo Claros.
El episodio revela una lucha de poder donde la búsqueda de un consenso parece más una partida de ajedrez que un procedimiento institucional. Cada llamado, cada sugerencia, se convierte en una pieza que puede inclinar la balanza de una decisión que, en teoría, debería trascender intereses partidarios.
El verdadero desafío ahora es decidir si la Asamblea logrará superar la sombra de la duda y consolidar un proceso que, de otro modo, podría quedar marcado como una maniobra política más que como una elección legítima.
