Mientras el Ejecutivo boliviano afina la “radiografía” salarial de 2027, la voz de los trabajadores por cuenta propia retumba como un eco ignorado.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, anunció que la propuesta de incremento salarial está bajo una evaluación que abarca desde el poder adquisitivo y la fortaleza del peso boliviano hasta la balanza comercial y la volatilidad del dólar. “Hay que hacer una evaluación de varios factores, desde el tema del poder adquisitivo, del peso boliviano, de lo que tenemos de ingresos y egresos, desde el tema de las importaciones, exportaciones, la fluctuación del dólar, son varios factores que debemos analizar”, declaró el ministro.
Sin embargo, la radiografía oficial parece dejar fuera a una parte significativa de la fuerza laboral. Según la Confederación de Gremiales de Bolivia, liderada por César González, el beneficio salarial no alcanzaría a 85 de cada 100 trabajadores, dejando a los autónomos y gremiales en la sombra.
“Nos alegramos por los que agarran sueldo, pero le decimos al Gobierno que ha utilizado como bandera al trabajador por cuenta propia y gremial, ¿cuándo se va a acordar de nosotros?”
González no solo reclama inclusión, sino también medidas concretas: un crédito blando al 6 % anual, con montos de hasta Bs 300.000, destinado a familias y sectores productivos. Además, exige respuestas rápidas a los proyectos de ley que podrían impulsar la migración hacia actividades productivas y fortalecer la producción nacional.
El ministro, por su parte, reiteró que cualquier decisión se tomará “con responsabilidad y considerando la realidad nacional”, subrayando la necesidad de sopesar la situación socioeconómica del país antes de definir los pasos a seguir.
En el cruce de intereses, la disputa revela una tensión latente: el Estado busca estabilidad macroeconómica mientras una gran masa de emprendedores espera reconocimiento y apoyo. La próxima “radiografía” no solo medirá cifras, sino también la voluntad política de incluir a quienes, sin sueldo fijo, sostienen gran parte de la economía informal.
El desafío queda claro: si el Gobierno persigue un crecimiento sostenible, debe dejar de ver al trabajador por cuenta propia como una excepción y reconocerlo como una pieza esencial del motor productivo boliviano.
