Una sombra se extiende sobre la democracia boliviana: el crimen organizado, según el presidente Rodrigo Paz, busca "pervertir" las instituciones para sembrar desorden y abrir brechas donde florezcan redes criminales.
En la ceremonia que conmemoró el 53.º aniversario de la Escuela Naval Militar en Cochabamba, Paz vinculó la defensa de la soberanía al papel activo de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional. "Queremos que nuestras fuerzas armadas sean parte de la construcción de una seguridad que salve a la patria del crimen organizado que quiere romper nuestra democracia", declaró el mandatario.
El discurso presidencial se centró en tres ejes:
1. Desarticulación de la red criminal. Señaló que, desde principios de año, "estamos cayendo cabeza por cabeza" a las organizaciones que corrompen la ética y la moral del país, citando la colaboración con el ministro Sebastián Marset.
2. Reconstrucción institucional. Paz insistió en la necesidad de una patria "digna, con ética y moral", donde la soberanía y la producción avancen de la mano para generar orden, aunque admitió que "no es fácil".
3. Responsabilidad judicial. El contexto de sus palabras incluye la reciente captura del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, arrestado el 30 de septiembre bajo acusaciones de liderar una organización criminal con fiscales, abogados y policías como cómplices. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, subrayó que "no hay que ver a Mariaca como un exfiscal, sino como el jefe de una organización criminal".
"Era el jefe de una estructura criminal, es decir, no hay que ver a Mariaca como un exfiscal general, hay que verlo como el jefe de una organización criminal, que tenía por cómplices a fiscales, a abogados, ciertos policías involucrados." - Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno.
Las detenciones se ampliaron a otros altos funcionarios: el exfiscal superior Martín Irusta, el exfiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos y el mayor de Policía Rubén Sarmiento, todos bajo cargos de organización criminal, narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.
Para el presidente, la lucha contra este entramado no solo es una cuestión de seguridad, sino de preservación del proyecto nacional. "Este gobierno se ha empeñado en tomar decisiones que generen orden; estos son los momentos que Dios nos permitió por estar con la voluntad del voto popular", afirmó, recordando que la estabilidad depende de la voluntad popular y de la firmeza institucional.
El mensaje de Paz es claro: la defensa de la soberanía pasa por una militarización parcial de la seguridad y por una purga implacable de los funcionarios corruptos que, según él, amenazan la continuidad del Estado de derecho.
En un país donde la confianza en la justicia se tambalea, la apuesta por la fuerza armada y la persecución de la élite judicial podría marcar el punto de inflexión entre la recuperación del orden y la profundización de la polarización.
