Una nueva apuesta para romper el estancamiento se materializa en Santa Cruz, donde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainoc) presentó una propuesta que promete abrir la puerta a cientos de millones de dólares en inversión extranjera y nacional.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) plantea una alícuota del 10 % tanto para el IVA como para el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, aplicable a proyectos que superen los US 50 millones y comprometan al menos US 15 millones en los dos primeros años. Además, garantiza estabilidad normativa y tributaria por tres décadas, un horizonte que, según los analistas, podría ser decisivo para disipar la incertidumbre que ha frenado los flujos de capital.
En el marco de la propuesta, la libre circulación de divisas y la posibilidad de resolver controversias en tribunales arbitrales internacionales se convierten en pilares de una estrategia que busca "desbloquear" la economía boliviana. La iniciativa también contempla la creación de zonas francas industriales orientadas a la exportación, con exenciones arancelarias y fiscales bajo un esquema de segregación aduanera.
Los sectores objetivo son amplios: forestal, agroindustrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Cada proyecto deberá incluir un plan de empleo y un programa de desarrollo de proveedores locales, con la exigencia de destinar al menos el 20 % del presupuesto de inversión a empresas bolivianas, siempre que exista oferta competitiva.
«La certidumbre jurídica es la condición indispensable para que los inversores consideren a Bolivia una opción viable», afirmó Jean Pierre Antelo, presidente de Cainoc, al solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de una ley corta de inversiones antes de fin de año.
Los números pintan un panorama de desafío y oportunidad. Según el Reporte de Capital Privado Extranjero del Banco Central, la inversión directa representó el 1,1 % del PIB en 2025, frente al 0,5 % del año anterior. Aunque la tendencia es ascendente, el volumen sigue siendo insuficiente para impulsar una transformación estructural.
El éxito de la propuesta no depende únicamente de su promulgación. La aplicación eficaz de los incentivos, la disponibilidad de divisas, la calidad de la infraestructura y la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos serán los verdaderos medidores de su impacto.
Si la legislación logra consolidarse, la apuesta de Santa Cruz podría redefinir el juego de la inversión en Bolivia, convirtiendo la promesa de estabilidad en la brújula que guíe el capital hacia un futuro aún por construir.
