Una investigación que revela un daño económico preliminar de 17 millones de bolivianos y una supuesta maniobra de la Fiscalía anterior para encubrir irregularidades.
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) alertó este miércoles sobre una posible obstrucción judicial y negligencia por parte de fiscales de la gestión anterior del Ministerio Público. Según el organismo, denuncias penales presentadas para determinar responsabilidades por el daño económico y la paralización de la planta de cemento de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) en Potosí fueron rechazadas de forma “expedita e irregular”.
“Desde que hemos asumido esta nueva administración, hemos fiscalizado e identificado una serie de irregularidades dentro de la planta Potosí, en las cuales hemos hecho denuncias. Lo más preocupante es que esa serie de denuncias presentadas no han sido admitidas por una serie de cuestionantes”, afirmó Roberto Justiniano, gerente general de Sedem.
El gerente técnico de Ecebol, Carlos Andrés Gallardo, explicó que se revisaron más de 1 500 procesos administrativos. El análisis técnico reveló presuntas responsabilidades en ilícitos como usurpación de funciones, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas. Todas estas denuncias fueron rechazadas por la Fiscalía anterior, lo que, según Gallardo, “evidencia una obstaculización para conocer la verdad y llegar a los culpables”.
“Los exfuncionarios no nos daban la información correspondiente; es más, nos han ocultado información y se han llevado documentación que ahora estamos trabajando para recuperar por otros medios”, señaló Carolina Cabrera, gerente jurídica de Sedem.
Cabrera también cuestionó la rapidez con la que se desestimaron los memoriales: “Un proceso penal tiene su tiempo y su procedimiento, pero lo extraño es que, sin revisar la documentación —estamos hablando de mucha documentación que se les ha presentado—, de un día para otro ya estaba el rechazo de la denuncia”. La crítica no se dirige a la Fiscalía en su conjunto, sino a los fiscales específicos que, según Sedem, “lamentablemente nos tocó que vean esos procesos”.
Ante la falta de avances, Sedem remitió el 8 de octubre una carta formal al nuevo Fiscal General del Estado solicitando una audiencia urgente. El objetivo es presentar un informe detallado de las irregularidades, reactivar los procesos pendientes y garantizar la transparencia del caso.
Como parte de la estrategia de divulgación, el organismo anunció que el 14 de octubre llevará a cabo una reunión de socialización y presentación de un informe técnico ante autoridades locales: la Brigada Parlamentaria, la Gobernación, el Gobierno Autónomo Municipal, el Concejo Municipal, organizaciones territoriales y el Comité Cívico Potosinista.
El caso plantea una encrucijada para la institucionalidad potosina: la necesidad de esclarecer una supuesta mala administración que ha costado millones al Estado y la urgencia de restablecer la confianza en los mecanismos judiciales que deben velar por la rendición de cuentas.
