El reloj judicial no se detiene: la acusación contra Evo Morales y Álvaro García Linera avanza hacia la Sala Penal del TSJ.
En una conferencia de prensa que se dio a conocer a las 18:00 h del 13 de octubre, Carlos Eduardo Ortega, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, confirmó que la proposición acusatoria presentada por la Alianza Libre se encuentra ahora en la fase de trámite administrativo. El objetivo es registrar oficialmente el caso en la Secretaría de la Sala Penal para que, sin objeciones formales, se emita el decreto que inaugure la etapa preliminar.
«Hemos recibido la información concreta de que este tema estaría el día de hoy y las siguientes horas en un trámite específico de naturaleza administrativa, es decir, los registros correspondientes en sistemas, para que radique en Secretaría de Sala Penal», declaró Ortega, subrayando la inmediatez del proceso.
Una vez radicada la causa, el despacho penal iniciará el control jurisdiccional correspondiente, lo que implica que el Ministerio Público dispondrá de 30 días para compilar pruebas y emitir una primera resolución. Esa decisión podrá rechazar la denuncia o, en caso de considerarse suficiente la evidencia, solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la autorización para un juicio de responsabilidades.
«El Ministerio Público se le va a informar con este decreto; tanto a las víctimas, en su caso, y a los eventuales denunciados para que ejerzan sus derechos y garantías dentro de esta etapa», explicó el magistrado.
La acusación, que data de hace varios días, fue impulsada por 11 senadores y 36 diputados de la fuerza política Alianza Libre. Su objetivo es esclarecer los hechos del operativo policial del Hotel Las Américas, ocurrido en abril de 2009, y que, según los legisladores, involucraron a las exautoridades Morales y García Linera.
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, aceptó la proposición y notificó al TSJ el "inicio de la fase de acumulación de antecedentes" contra los dos expresidentes, marcando así el primer paso formal en un proceso que podría convertirse en un precedente histórico para la rendición de cuentas en la política boliviana.
Con cada registro y cada día que avanza el cronómetro judicial, la expectativa crece. La decisión que tome la Asamblea tras la posible solicitud de juicio podría redefinir la línea de responsabilidad de los dirigentes que, bajo la bandera de la izquierda, dejaron una huella profunda en la institucionalidad del país.
El tiempo dirá si la justicia boliviana se mantiene firme ante los fantasmas del pasado o si, como muchos temen, la impunidad sigue siendo la regla no escrita.
