El reloj escolar de Bolivia vuelve a marcar marcha atrás. Tras 53 días de paro que paralizaron más de la mitad del calendario académico, el país se enfrenta a la incógnita de cuándo terminarán las clases en 2026.
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, dejó claro este martes que la respuesta no será única. "El calendario regionalizado, como debería ser. Cada una de las direcciones departamentales define la finalización de las clases", afirmó tras la reunión del gabinete, subrayando la autonomía de cada región para cerrar el ciclo lectivo.
La base legal es la Resolución Ministerial 01-2026, que obliga a cumplir 200 días de clases en todo el territorio. Sin embargo, la realidad de mayo y junio -cuando la Central Obrera Boliviana (COB) impulsó huelgas y bloqueos- dejó a varios departamentos con jornadas irregulares, algunas zonas de La Paz pasando de la presencialidad a la educación a distancia.
"La fecha exacta de conclusión se definirá en cada región dependiendo de la recuperación de contenidos después del paro", explicó Sanjinés en agosto, señalando que la recuperación será el nuevo marcador del calendario.
Este modelo descentralizado busca equilibrar la exigencia de los 200 días con la necesidad de compensar los huecos pedagógicos. Cada dirección departamental deberá trazar un plan de recuperación, ajustar jornadas y, de ser necesario, ampliar la modalidad virtual para alcanzar la meta.
Los datos hablan por sí solos: 53 días de interrupción, más de 150 mil estudiantes afectados y una agenda educativa que se estira hasta los últimos meses del año. La presión sobre los gobiernos locales es ahora máxima, pues deben garantizar que la calidad no se pierda en la carrera contra el tiempo.
Al final, el desafío no es solo cerrar el año escolar, sino demostrar que la flexibilidad regional puede convertir una crisis en una oportunidad para reinventar la educación boliviana. En un país donde la diversidad es la norma, la respuesta podría ser, irónicamente, la prueba de que la unidad se construye desde la autonomía.