Una nueva jugada de poder en la educación técnica boliviana se gestó en una sala de reuniones de Santa Cruz, donde el ministro de Educación, Erick Sanjinés, y representantes del Comité pro Santa Cruz debatieron la transferencia total de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.
Hasta ahora, la arquitectura y el equipamiento de estos centros estaban bajo la órbita de los gobiernos departamentales, mientras que la contratación de docentes y directivos seguía en manos del Ministerio de Educación. "
El presupuesto que hoy administra el Ministerio para financiar los recursos humanos debería pasar a las gobernaciones
", afirmó Sanjinés, señalando que el dinero proviene del Tesoro General de la Nación.
El cambio propuesto no es meramente administrativo; implica que las gobernaciones asuman también la gestión salarial y contractual de los maestros, directores y directores académicos. Según el ministro, "las escuelas de formación de maestros para inicial, primaria, secundaria, educación alternativa y especial no forman docentes de educación superior, por lo que el escalafón universitario queda fuera del debate".
Este movimiento plantea preguntas críticas: ¿la descentralización garantizará mayor eficiencia o generará disparidades entre departamentos? ¿Los recursos humanos podrán alinearse con la infraestructura ya controlada por las autoridades locales? La respuesta dependerá de cómo se estructure la transferencia de fondos y de la capacidad de las gobernaciones para absorber una carga financiera que, hasta ahora, era centralizada.
En el cruce de la política y la educación, la decisión de Sanjinés podría redefinir el mapa de la formación técnica en Bolivia, marcando un precedente que, de consolidarse, transformará la relación entre el Estado nacional y los gobiernos regionales.
