Una voz que se alzó en medio del silencio político volvió a resonar este martes, cuando la Defensoría del Pueblo reiteró su independencia tras la dura crítica del presidente Rodrigo Paz.
El organismo, encabezado por Pedro Callisaya, emitió un comunicado que subraya que su actuar se sustenta en "estrictos criterios de pluralismo, imparcialidad y objetividad técnica". El texto, que remite a estándares internacionales de derechos humanos, asegura que la entidad se mantiene al margen de cualquier coyuntura política.
«Su independencia funcional, técnica y administrativa constituye una garantía ciudadana fundamental para asegurar la vigencia plena de los derechos y garantías constitucionales»,
Con esas palabras, la Defensoría busca reforzar la percepción de que su autonomía está reconocida a nivel global, y que su misión no depende de la voluntad de ningún sector.
La polémica surgió cuando el presidente Paz, en un discurso público, cuestionó la imparcialidad del defensor, recordando que nunca lo había escuchado "hablar" y ahora lo hacía "por el cumplimiento de la Constitución". La observación se dio en un contexto de creciente presión de grupos evistas, que, según fuentes, podrían intentar retomar tácticas de intimidación contra la autoridad defensorial.
Ante la acusación, la Defensoría respondió con la firmeza de una institución que no pretende ser un mero actor político, sino el guardián de los derechos de "hombres y mujeres de bien que quieren salir adelante y trabajar".
El mensaje final de la entidad es inequívoco: su labor es "no discrecional", guiada por normas universales que la sitúan como una barrera institucional contra la interferencia externa.
En la arena de la política, la independencia del Defensor del Pueblo se erige como la última defensa de la democracia, una línea que, si se cruza, desdibujaría la propia esencia del Estado de derecho.
