"Silencio institucional mientras el país se paraliza": la polémica que sacude la Defensoría del Pueblo en Bolivia.
En medio de una serie de bloqueos que han congelado la actividad económica y social de varias regiones, la bancada de APB Súmate alzó la voz contra el titular de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya Aro. El jefe de bancada, Diego Brañez, acusó al defensor de "inacción" y de "favorecer a sectores radicales", en lugar de cumplir con su mandato constitucional de proteger a todos los bolivianos.
"La Defensoría no ha emitido informes ni tomado medidas frente a los perjuicios causados por los bloqueos", declaró Brañez, señalando una aparente ausencia de respuesta institucional.
Según los legisladores de APB Súmate, la falta de pronunciamientos oficiales y la ausencia de acciones concretas constituyen un incumplimiento grave del rol de la Defensoría, cuya misión es garantizar los derechos humanos y la protección de la ciudadanía. La crítica se intensifica al observar que, mientras la población sufre cortes de suministro y pérdidas económicas, la entidad encargada de velar por sus derechos parece permanecer en la sombra.
Ante esta situación, la bancada anunció la puesta en marcha de "mecanismos constitucionales" para iniciar un proceso de destitución contra Callisaya. La iniciativa, aún en fase de estudio, buscaría, según sus proponentes, "restaurar la credibilidad de la Defensoría y asegurar que su gestión responda a los principios de imparcialidad y defensa de los derechos de todos los bolivianos".
El llamado a la destitución se inserta en un contexto de creciente presión social y política, donde los bloqueos han generado pérdidas millonarias y han puesto en jaque la estabilidad de sectores clave como el transporte y la distribución de alimentos. La falta de una respuesta oficial ha alimentado la percepción de que la Defensoría, en vez de actuar como guardián de la Constitución, se ha convertido en un espectador pasivo.
El debate sobre la posible remoción de Callisaya no solo refleja una disputa institucional, sino que también plantea una cuestión fundamental: ¿puede una autoridad encargada de la defensa de los derechos humanos mantenerse en el cargo si su propia actuación es percibida como insuficiente?
El desenlace de este proceso constitucional podría redefinir el equilibrio de poderes en Bolivia y sentar un precedente sobre la rendición de cuentas de los altos funcionarios en momentos críticos.
