En medio de una creciente polémica, el recién nombrado Fiscal General de Bolivia lanzó una firme defensa de su legitimidad y anunció una ofensiva contra el crimen organizado.
Durante la conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público subrayó que su designación se realizó de forma totalmente transparente, sin financiamiento ilícito ni influencias del narcotráfico, y que más de dos tercios de la Asamblea respaldaron su elección.
“Ese tema, estamos cerrando la página, no queremos hablar sobre ese tema porque compromete la privacidad de una persona… No hay tráfico de influencias, no se ha pagado un solo cetavo.”
El funcionario denunció la existencia de una “organización criminal sumamente grande, enquistada en el Estado boliviano” y calificó la acusación de deslegitimación como “absolutamente irrelevante”. Aseguró que el objetivo inmediato es “trabajar día a día” para desmantelar el “quiste” que representa la mafia en el país.
En un giro inesperado, el Fiscal General anunció que, a partir de la reciente prisión de Mariaca, el flujo de efectivo del crimen organizado se ha visto seriamente limitado. “Ustedes han visto ayer un asalto que consideramos que es del famoso PCC a una joyería. Eso está demostrando que se les ha cortado el mecanismo de ingreso de dinero efectivo a las mafias,” afirmó.
Con una visión de futuro, el mandatario instó a la población a no permitir que “las mafias paguen a los medios de prensa para desacreditar un trabajo que está empezando”. Señaló que el éxito del nuevo gobierno dependerá del “concurso de toda la población boliviana”.
El discurso del Fiscal General marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y plantea un desafío directo a los sectores que intentan socavar la confianza institucional.
