"Sin subir la factura, sin escasez de gas: el gobierno se niega a ceder a los intereses de la élite energética". Así resonó el anuncio del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, en la rueda de prensa del lunes, donde dejó claro que, por ahora, no habrá aumentos en las tarifas eléctricas.
El discurso partió de la propuesta de la Cámara Boliviana de Electricidad, que busca elevar el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica de 1,30 USD por millón de unidades. Las compañías argumentan que el ajuste es necesario para "mejorar la remuneración de los inversionistas", pero insisten en que el costo no se trasladará al consumidor.
Blanco, sin embargo, subrayó que cualquier cambio debe ponderar el impacto sobre la población, sobre todo en los sectores más vulnerables. "Se pueden mejorar las condiciones de los inversionistas sin incrementar las tarifas eléctricas", afirmó, planteando un aparente equilibrio entre inversión privada y protección del usuario final.
"Se tiraron, se gastaron la plata", recriminó el ministro a administraciones anteriores que, según él, desviaron recursos que hoy podrían servir para la exploración y explotación de hidrocarburos.
En la misma línea, descartó la hipótesis de una escasez de gas, asegurando que el país encontrará nuevas fuentes para garantizar el suministro. La declaración se produce justo después de que, el 9 de octubre, el Ejecutivo enviara a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de electricidad que pretende ordenar el sector, establecer tarifas más equitativas y fomentar energías limpias mediante un mercado más competitivo.
El mensaje de Blanco se alinea con una visión libertaria de mercado: permitir la rentabilidad de los inversores sin cargar al consumidor. La verdadera prueba será si el proyecto de ley logra conciliar esos intereses sin sacrificar la seguridad energética ni la estabilidad de los precios.
En un país donde la presión inflacionaria y la escasez de recursos son moneda corriente, la promesa de "no subir la tarifa" podría convertirse en la pieza clave que determine la confianza de la población en el gobierno y la viabilidad de la inversión privada en el sector energético.
