Sin señales de alza, la factura eléctrica se mantiene en pausa mientras el gobierno prepara una jugada legislativa que podría redefinir el panorama energético del país.
En una rueda de prensa que reunió a actores de la industria y a analistas críticos, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó de plano cualquier ajuste inmediato en las tarifas de energía eléctrica. “Sería muy irresponsable comprometerse a algo que no puedo asegurar que va a suceder”, afirmó, subrayando que no existen fechas ni montos definidos para un posible incremento.
“Por el momento no se ha pensado en incrementar las tarifas de energía eléctrica”, repitió el ministro, reiterando que “no le puedo decir mañana, de aquí a un año, de aquí a cinco años”.
La cautela del Ejecutivo contrasta con la alarma de los especialistas, que advierten sobre la escasez de gas natural, el insumo esencial para las termoeléctricas que actualmente generan alrededor del 70 % de la producción eléctrica nacional. Ante este escenario, Blanco adoptó un tono optimista: “El gas no se va a acabar; vamos a encontrar nuevas fuentes”. El ministro culpó a administraciones anteriores de desviar recursos hacia proyectos “inútiles” como satélites, en lugar de invertir en exploración y explotación de hidrocarburos.
Mientras el debate sobre la disponibilidad del gas se intensifica, el ministro presentó dos proyectos de ley que buscan, según sus palabras, “impulsar la transición energética sin sacrificar la estabilidad tarifaria”.
El primero, la Ley de Promoción de Energías Verdes, propone la creación de mecanismos de financiación tanto locales como internacionales para proyectos que superen una fase de validación previa. El segundo, la Ley de Electricidad y Energías Renovables, pretende dar un mayor protagonismo a fuentes no convencionales como la eólica, la fotovoltaica, la biomasa y la hidroeléctrica.
Ambas iniciativas contemplan la fundación del Ente de Regulación de Electricidad (ERE), una entidad autárquica destinada a fiscalizar el servicio, atender reclamos y defender los derechos de los usuarios. Además, el texto legislativo incluye fórmulas técnicas de indexación y mecanismos de estabilización con el objetivo de que las tarifas resulten “equitativas, razonables y transparentes”.
Para el sector libertario‑conservador, la propuesta plantea un delicado equilibrio: por un lado, la necesidad de fomentar la competencia y la innovación en energías renovables; por otro, la defensa de la libre determinación del consumidor frente a intervenciones estatales que podrían distorsionar los precios.
El verdadero desafío será observar si la promesa de tarifas estables se traduce en una política de mercado genuina o si, bajo la fachada de regulación, se oculta una nueva capa de control gubernamental.
