Las balas suenan más fuerte que las sirenas en Santa Cruz. La capital oriental amanece con la resaca del plomo: una joyería asaltada la noche del domingo en un centro comercial y un hombre asesinado a plena luz del día el martes, a escasos metros del Zoológico municipal. El crimen organizado ha dejado de esconderse. Se pasea con un arsenal que empequeñece el inventario del Estado, y la respuesta institucional amenaza con subir la apuesta.
Ante esta escalada vertiginosa, el gobernador Juan Pablo Velasco ha puesto sobre la mesa una propuesta que dibuja el tamaño de la desesperación: armar a los civiles con uniforme privado. La iniciativa busca modificar la Ley 400 de Control de Armas de Fuego y la Ley 264, permitiendo que las empresas de seguridad privada puedan portar armamento de calibre permitido, bajo estricto registro. Es el reconocimiento tácito de una guerra asimétrica donde las autoridades se saben en desventaja.
“Son cambios que se tienen que hacer aquí, justamente aquí en el Congreso, y para eso estamos trabajando”.
Las cifras explican el miedo. Velasco subraya que el departamento apenas cuenta con menos de 6.000 efectivos policiales para hacer frente a unas organizaciones criminales que exhiben, a través de las cámaras de seguridad, un poder de fuego abrumador. Modificar las normativas de portación ya no se plantea como un debate sociológico, sino como una urgencia táctica de trinchera.
Pero el pulso del gobernador no se detiene en la pólvora. Su diagnóstico apunta directamente a la columna vertebral del poder estatal. La exigencia es frontal: la institución verde olivo no debería ser operada a control remoto desde la sede de Gobierno en La Paz. La propuesta exige que el comandante departamental sea el propio gobernador de cada región. Se trata de un reclamo de autonomía operativa impulsado, a la fuerza, por la urgencia de la sangre derramada en las aceras.
Mientras la política debate en los despachos qué calibre es legal y quién tiene el derecho oficial a apretar el gatillo, las calles cruceñas observan cómo la violencia reescribe la rutina diaria. La convicción de que combatir el fuego cruzado requiere de más armas autorizadas es una apuesta al límite. Una ecuación que, en el asfalto, huele a pólvora mucho antes de ser firmada.
