Una nueva ronda de negociaciones se avecina en el horizonte del transporte interdepartamental boliviano, y el bolsillo de los usuarios podría ser el protagonista de la próxima controversia.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Confederación de Choferes de Bolivia retomarán este miércoles el diálogo que busca definir un incremento transitorio en las tarifas de los servicios interdepartamentales, según informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora.
El debate surge en medio de la eliminación de la subvención al diésel, un factor que eleva el costo del combustible y que, a su vez, incide directamente en el precio final que paga el pasajero. La ATT propone un alza entre el 20% y el 25%, mientras que los transportistas reclaman un ajuste del 45%. La cifra definitiva dependerá del estudio técnico que ambas partes están revisando y del grado de consenso alcanzado.
“Mañana hay otra reunión, ahí estamos evaluando el tema de las tarifas, lo que tiene que saber la población es que vamos a cuidar el bolsillo de la gente, todo esto se va a hacer en base a un estudio técnico; pero, veremos que sea lo menos posible para que no golpee a los ciudadanos”, afirmó el ministro Zamora.
El análisis técnico que se está elaborando contempla no solo el precio del diésel, sino también las condiciones del mercado y la capacidad de los transportistas para absorber el impacto sin comprometer la operatividad del sector. Carlos Agreda, director de la ATT, reiteró que el diálogo es la vía para alcanzar una solución que evite perjuicios a los transportistas, los usuarios, la economía y el Estado.
En el marco de la gestión del presidente Rodrigo Paz, la prioridad declarada es la concertación y el trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno. La autoridad recordó que las alcaldías siguen a cargo del transporte urbano, las gobernaciones del interprovincial y la ATT del interdepartamental, delineando claramente las competencias en juego.
El desenlace de estas negociaciones no solo definirá el costo del pasaje, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Estado para equilibrar la libertad del mercado con la protección del consumidor, un equilibrio que, en la tradición conservadora‑libertaria, se mide por la mínima intervención y el máximo respeto al poder adquisitivo ciudadano.
