El precio del pasaje interprovincial sube entre un 19 % y un 25 % tras la eliminación de la subvención al diésel y una serie de negociaciones tripartitas que, según la gobernación de La Paz, evitaron bloqueos y enfrentamientos en la región.
El director de Transporte departamental, Ramiro Burgos, anunció que la nivelación tarifaria fue acordada después de intensas jornadas de concertación con alcaldes, subgobernadores, mallkus, bartolinas y representantes de comunidades y federaciones de transportistas. Cada parte firmó actas que, según Burgos, "no permitieron la imposición unilateral de ninguna de las partes".
El detonante de la medida fue la decisión del gobierno nacional, tomada el 18 de septiembre, de eliminar la subvención al diésel y de fijar el precio del combustible según su costo internacional de importación. Ante la inesperada alza del costo del combustible, los negociadores analizaron los ajustes según la modalidad de transporte (buses, trufis, minibuses) y establecieron los rangos de incremento, con algunos casos superando ligeramente el margen inicial.
"Han sido medidas concertadas. Por tanto, lo que corresponde ahora es su aceptación, su cumplimiento y, en caso de incumplimiento, la sanción debida", declaró Burgos.
Para garantizar el cumplimiento, la gobernación desplegó personal de la Guardia Departamental en terminales clave como El Alto y Minasa, así como en puntos estratégicos cercanos al mercado Rodríguez y al cementerio. El operativo resultó en la emisión de aproximadamente 400 boletas de infracción, cada una con una multa de Bs 30. La Federación Yungas, con operadores mayormente en Minasa, recibió casi la mitad de esas sanciones.
Las multas se incorporaron a una base de datos departamental y deberán ser saldadas al momento de la renovación de tarjetas de operación o al acceder a beneficios impositivos. Burgos subrayó que la institución no cuenta con respaldo legal para reducir las multas, ampliar plazos o conceder exenciones, y que los sindicatos conocen las consecuencias de su incumplimiento.
El proceso de control tarifario se estructuró en dos fases: una semana de reuniones tripartitas y una segunda semana dedicada a la sensibilización y recomendaciones a los sindicatos, antes de iniciar los operativos de inspección. Según el director, la eliminación de la subvención generó tensiones, pero el modelo de negociación evitó "conflictos mayores como bloqueos de caminos o paros".
El ajuste tarifario, aunque impopular para algunos sectores, refleja la lógica de mercado que el gobierno nacional impuso al retirar el subsidio. En un entorno donde la oferta de combustible se rige por precios internacionales, la responsabilidad recae en los operadores para adaptar sus costos y mantener la viabilidad del servicio.
Con la nueva escala de precios ya vigente, la verdadera prueba será la capacidad de los transportistas para absorber el aumento sin sacrificar la frecuencia ni la seguridad del servicio, mientras la gobernación vigila el cumplimiento y sanciona a los infractores. El equilibrio entre regulación y libertad de mercado, ahora más que nunca, determinará la movilidad de miles de bolivianos en el departamento.
