Paz rechaza la lógica de la “guardia departamental” y aboga por una estrategia nacional contra el crimen organizado
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, respondió oficialmente al pedido del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de reforzar la seguridad en el departamento tras el violento atraco a una joyería ocurrido la noche del domingo. La solicitud de Velasco, que calificó la situación como “un asalto del crimen organizado que se está adueñando de la paz del departamento”, incluía la exigencia de un aumento “inmediato y sustancial” de efectivos policiales y la promesa de crear una “guardia departamental” para 2027.
“Se ha aumentado el recurso humano y económico, pero ¿ha mejorado la situación, o es el sistema el que tiene que cambiar? El funcionamiento no funciona bien.”
Según datos oficiales, el número de policías pasó de 4 700 a 6 100 en los últimos años, acompañados de mayores asignaciones presupuestarias. Sin embargo, el mandatario sostuvo que la mera expansión de la fuerza pública no ha sido suficiente, pues el problema radica en la arquitectura institucional que permite la proliferación del delito.
En un llamado a la unidad nacional, Paz instó a gobernaciones, alcaldías, la Policía y las Fuerzas Armadas a coordinar sus esfuerzos para “salvar a la patria, no a una región solamente”. Subrayó que los nueve departamentos del país están siendo acosados por el crimen organizado internacional y que Bolivia no puede depender de “narcoterrorismo, bloqueo y temas ideológicos”.
El hecho que desencadenó la respuesta presidencial ocurrió después de las 19:00 del domingo, cuando cuatro individuos encapuchados y armados irrumpieron en una joyería situada dentro de un centro comercial entre el tercer anillo y la avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra. Los asaltantes redujeron al guardia de seguridad, rompieron las vitrinas, sustrajeron las joyas y, al intentar huir, efectuaron varios disparos al aire antes de escaparse en dos motocicletas, según imágenes difundidas por fuentes oficiales.
Desde una perspectiva liberal libertaria, la respuesta del gobierno plantea un debate sobre la eficacia de la centralización del poder coercitivo frente a soluciones basadas en la iniciativa privada y la responsabilidad individual. La expansión del aparato estatal no garantiza la reducción del delito si no se revisan los incentivos y se promueve la competencia en la provisión de seguridad, de modo que los ciudadanos puedan elegir entre diversas opciones de protección sin depender exclusivamente de una estructura monolítica.
El presidente reiteró la necesidad de una reforma estructural del sistema de seguridad, enfatizando que “el problema está en el sistema mismo” y que cualquier medida que no aborde la raíz institucional será meramente paliativa.
