Un mandato de aprehensión sigue sobre la cabeza de Tatiana Marset, mientras la justicia boliviana debate entre la salud de la investigada y la necesidad de su comparecencia.
El juez constitucional Jorge Luis Ortiz López, del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N.º 4 de Santa Cruz, emitió el martes 13 de octubre una resolución que mantiene vigente el orden de captura contra la exsenadora, pese a anular la declaratoria de rebeldía que la había convertido en fugitiva judicial.
Según el documento, la medida persiste "para garantizar su comparecencia ante las autoridades judiciales", en virtud del artículo 113, parágrafo II, del Código de Procedimiento Penal. La decisión se sustenta en un informe policial del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) que indica que Marset permanece hospitalizada y que su estado de salud impide cualquier traslado a dependencias judiciales.
"Corresponde resguardar los derechos a la vida y a la salud de la accionante, pero no se puede dejar sin efecto la audiencia que revisará sus medidas cautelares",
sostuvo la autoridad constitucional, delegando la última a la jurisdicción ordinaria.
La audiencia de revocación de medidas cautelares, programada para el jueves 15 de octubre a las 09:20, sigue en pie. En ella se decidirá si la detención domiciliaria, impuesta en julio tras tres meses en el penal de Palmasola, se mantiene o se modifica.
La defensa de Marset deberá presentar documentación médica que justifique cualquier impedimento para asistir a futuras audiencias, bajo la advertencia de que la falta de prueba podría reactivar la rebeldía y, con ella, medidas más restrictivas.
El fallo será remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, siguiendo el procedimiento establecido en el Código Procesal Constitucional.
El caso de Tatiana Marset se convierte en un cruce de caminos entre la protección de la salud del investigado y la imperiosa necesidad del sistema judicial de asegurar la presencia de sus imputados, una tensión que, de no resolverse, podría sentar precedentes en la gestión de casos de alta complejidad política.
